La Legislatura porteña aprobó la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires al protocolo nacional de aborto (ILE) con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, en una sesión que contó con la participación de todos los diputados.
El proyecto para la adhesión fue presentado en febrero último y contó con el apoyo de 42 diputados, de un total de 60.
De acuerdo al protocolo, a partir de los 13 años, "se debe considerar la voluntad (de la adolescente) al momento de dar intervención a los organismos de protección".
En cambio, las niñas menores de 13 años "podrán brindar su consentimiento con el acompañamiento de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado".
Entre los legisladores que acompañaron la iniciativa había representantes de casi todos los bloques políticos, como Vamos Juntos (VJ), Frente de todos (FdT), UCR-Evolución, Frente de Izquierda, Autodeterminación y Libertad, GEN y el Partido Socialista. Pero la postura dentro de cada bloque no fue unánime, y entre los diputados que no apoyaron la adhesión estuvo Guillermo González Heredia (VJ), que se definió como "el primer orador [de la sesión] del grupo celeste". González Heredia cuestionó: "¿Es un derecho habilitar a una niña de 13 años a ir a un efector de salud y requerir un aborto? Yo creo que no, creo que es un desamparo", dijo.
Otra de las voces que se opuso fue la de Carolina Estebarena (VJ), que consideró que "se le tiene que dar a las mujeres la opción de no abortar, y para eso hay que dar educación y contención". Y reclamó al Estado: "No se puede dejar esa tarea solo en manos de las ONG".
Objetores de conciencia
"Un profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia con respecto a la práctica de la ILE, siempre y cuando no se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente", señala el protocolo. En la resolución derogada en su momento por el expresidente Mauricio Macri, al igual que en su nueva edición firmada por González García, queda clara la obligación que tienen todos los profesionales de la salud de informar a la persona gestante sobre su derecho a acceder a una ILE. Además, si no hubiera otro profesional para realizar la interrupción de un embarazo en los casos que contempla la ley, los objetores tampoco pueden negarse a hacerlo.
